SENTENCIA DE LO CONTENCIOSOA-ADMINISTRATIVO Nº 9 DE SEVILLA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017 . TFUE CONYUGE DE ESPAÑOL SIN ACREDITACIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS

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El artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos expresamente exige que las injerencia de las autoridades públicas en la vida privada y familiar esta prevista por una norma con rango de ley , requisito que no se cumple con la normativa española que regula el derecho a la reagrupación familiar de no coumnitarios por ciudadanos españoles , en cuanto que está prevista en una normativa reglmanetaria , como es un Real Decreto y una Orden Ministerial carente de toda cobertura legal . La justificación de la necesidad de una norma con rango de ley esta en la importancia del derecho y su íntima relación con el " estatus perssonal" . La Administración aproveche una norma destina a la transposición de la Directiva comuntaria para introducir una serie de requisitos y exigencias a los ciudadanos españoles para que proceden a la reagrupación familiar , tales como la tenencia de unos ingresos económicos para reagrupar a un hijo o a un cónyuge.

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En el ordenamiento jurídico español , si bien el TC considera que no se trata de un derecho fundamental y que no se reconoce el derecho a la vida familiar en los mismos términos que la jurisprudencia del TEDH viene interpretando el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , no significa que este artículo no sea aplicable en lo que se refiere a  toda injerencia de los poderes públicos en la vida familiar estableciendo requisitos debe estar prevista en una NORMA DE RANGO DE LEY . Dejar en manos de la Administración el establecimeitno mediante una Oden ministerial de los requsiitos para el ejercicio de un derecho como la reagrupación familiar que afecta a la vida y a la DIGNIDAD de la persona no se corresponde con las normas internacionales , ni con los principios que rigen la Constitución española. En efecto , el derecho a fundar una familia , el derecho a vivir en familia , es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos , de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley .
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Enviado el: 26-02-2018